Funcionarios ediles no pueden aparecer diciendo que "el baipás no se detendrá", desafiando abiertamente lo dispuesto por la justicia.
En lugar de ingresar a una escalada de declaraciones que a nada bueno va a conducir, las autoridades de la Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT) deberían proceder a recusar a los dos jueces que ordenaron la paralización de las obras del baipás en el óvalo Haya de la Torre.
Porque una cosa es que se paralice una obra y que haya acatamiento de la orden judicial, y otra cosa muy diferente es que se desafíe abiertamente a la justicia indicando que no se va a obedecer lo dispuesto. En toda sociedad hay que respetar el estado de derecho y las correspondientes instancias judiciales.
No es buena idea, en ese sentido, que los más conspicuos funcionarios de la actual gestión edil del alcalde César Acuña, en la MPT, aparezcan declarando que la construcción del baipás “no se detendrá”, pese a la orden judicial. Flaco favor le hacen al ingeniero Acuña.
Sus adversarios políticos podrán extrapolar con comodidad esa actitud antes del 2016, mostrando al líder de ese partido y a sus colaboradores como irrespetuosos de las decisiones judiciales, con daño para las aspiraciones políticas de esas personas. Ya lo viene haciendo hábilmente Jorge del Castillo, secretario general del Partido Aprista Peruano que sin duda tiene en esta lucha artificial y artificiosa contra Acuña y la MPT una de sus plataformas para tentar reingresar al Congreso de la República en las elecciones generales del 2016.
Se comenta que la jueza Áurea Vilca, ex alcaldesa vecinal de Los Granados, tiene una singular tirria por el alcalde Acuña desde su época de estudiante en la Universidad César Vallejo. Pues habría que demostrar con pruebas tangibles que esto es así y entonces, solo entonces, procedería una tacha a la citada magistrada por no haberse abstenido de participar en ese proceso judicial siendo que, presuntamente, ya había adelantado opinión.
De igual modo se debe proceder con el titular del Cuarto Juzgado Especializado de Trujillo, Antonio Escobedo Medina, quien ordenó a la MPT abstenerse de ejecutar la obra. Si es cierto, como sostuvo la teniente alcaldesa Gloria Montenegro Figueroa, que el doctor Escobedo Medina ha sido “trabajador de (el presidente regional José) Murgia, pues que también acuda con documentos ante las instancias de control interno del Poder Judicial y que recuse a este magistrado.
Pero, paralelamente a ello, que la MPT también cumpla con presentar la certificación ambiental emitida por la autoridad sectorial competente, es decir el Ministerio de Transportes y Comunicaciones.
Esto para que luego no haya cuestionamientos permanentes que terminen politizando una pugna que debe bajar el perfil que ha adquirido. Para desgracia y hastío de los vecinos a los que la obra debe servir.