Organismos protestan por limitaciones a la prensa que implica la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el ‘chuponeo’.
El fallo del Tribunal Constitucional (TC) que prohíbe a los medios de comunicación la difusión de audios y videos obtenidos ilegalmente sigue generando protestas y severas críticas, esta vez de parte de las instituciones defensoras de la libertad de prensa y los derechos humanos.
El Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) calificó la sentencia de “impertinente” pues al TC no le pidieron resolver si los medios pueden difundir audios, sino solo el hábeas corpus de Alberto Químper, uno de los principales procesados por los ‘petroaudios’.
El Instituto de Defensa Legal (IDL) cuestionó que el TC no haya diferenciado la conducta criminal del que intercepta conversaciones telefónicas ajenas, con la conducta del periodista, que, sin conocer la fuente, y luego de verificar la veracidad de la información, difunde su contenido. “Se trata de una sentencia peligrosa, pues maniata y recorta la libertad de información”, refiere.
Kela León, directora ejecutiva del Consejo de la Prensa Peruana, consideró que la sentencia del TC constituye una “censura previa”, y que solo los medios pueden determinar qué contenido informativo tiene o carece de interés público.
