La fiscalía acusa al joven de 19 años de “conspiración para usar armas de destrucción masiva contra personas y propiedades de EEUU con resultado de muerte”
Cerrando un debate judicial que reavivaba la herida abierta de Guantánamo, la Casa Blanca ha asegurado que el sospechoso del atentado del maratón de Boston, Dzhokhar Tsarnaev, no será juzgado en una comisión militar y tratado como un combatiente enemigo sino que será llevado ante un tribunal civil, “sistema que se ha demostrado muy eficaz para investigar y condenar a otros autores de delitos de terrorismo en EE UU”, ha declarado el portavoz del presidente, Jay Carney, en rueda de prensa.
Carney ha puesto como ejemplo el caso del hombre de Detroit que en 2009 intento volar un avión el día de Navidad llevando explosivos en su ropa interior. Umar Faruk Abdulmutallab fue condenado posteriormente por un tribunal civil a varias cadenas perpetuas sin posibilidad de libertad condicional. “Es importante recordar que desde el 11-S hemos usado el sistema de justicia federal para condenar y encarcelar a cientos de terroristas”, ha finalizado Carney.
Casi al mismo tiempo que la Casa Blanca hacía ese anuncio, se ha sabido que a Tsarnaev un juez le ha leido los cargos de los que se le acusa en la cama de su habitación del hospital de Boston, donde se le trata de las heridas del asalto que vivió con la policía durante la madrugada y el día del viernes. A Tsarnaev no se le han leído todavía sus derechos –doctrina Miranda que le garantiza un abogado y le concede mantener silencio- porque la Administración se ha acogido a la excepcionalidad del caso y sus conexiones terroristas, por lo que existen ciertas dudas sobre cual será la trascendencia del acto de ayer.
La fiscalía de Massachussetts ha anunciado que a Tsarnaev se le acusa de “conspiración para usar armas de destrucción masiva contra personas y propiedades de EEUU con resultado de muerte”, cargos que podrían acarrear al ya acusado la pena de muerte en un tribunal federal y no estatal, ya que Massachussetts tiene abolida la máxima pena de su ordenamiento jurídico.
