El presidente de México, Enrique Peña Nieto, anunció el lunes una nueva estrategia de seguridad que rompe con el discurso de su antecesor, Felipe Calderón, incorpora a los gobernadores de los Estados a la lucha contra la violencia y tiene por objetivo la reducción del número de asesinatos, secuestros y extorsiones, los tres delitos que más han castigado a los mexicanos en los últimos años. Con un tono solemne y firme, el mandatario advirtió que “no habrá improvisación” en la política de seguridad, cuyas principales novedades son: división del territorio nacional en cinco regiones operativas; creación de una Gendarmería Nacional —sobre el modelo de la Guardia Civil española—; establecimiento de un mando único policial en los Estados y modernización de la Procuraduría General de la República (fiscalía), que haga de la “investigación científico-criminal la piedra angular de la justicia”.
Tras presidir su primer Consejo de Seguridad, Peña Nieto enunció seis ejes de actuación. El primero, pretende “asignar responsabilidades y fechas precisas de cumplimiento” para todas las instituciones de gobierno de la República, y evitar una política de seguridad meramente “reactiva”; el segundo, contempla un plan de prevención del delito que contará con más de 115.000 millones de pesos (unos 6.800 millones de euros) en 2013; el tercero dará impulso a la legislación en defensa de las víctimas y de los desaparecidos y depurará el Instituto Nacional de Migración, una dependencia acusada frecuentemente de corrupción y negligencia.
El cuarto eje exige la coordinación de Estados y municipios en el esfuerzo por reducir la violencia —“los Gobiernos deben cumplir, no competir”, insistió el presidente— con la división del territorio en cinco regiones; el quinto prevé crear la Gendarmería Nacional, que será “responsable de fortalecer el control territorial así como de instalaciones estratégicas como puertos, aeropuertos y fronteras” y que contará inicialmente con 10.000 agentes; la constitución de un mando único policial en los Estados y la reorganización de la Policía federal con la creación de “15 unidades enfocadas en combatir el secuestro y la extorsión”. También la revisión de la “figura del arraigo” —una polémica fórmula legal que permite la detención de un sospechoso sin que se le presenten cargos durante 40 días renovables— y la recuperación del control de las cárceles. El sexto y último impone la evaluación de la actuación de las autoridades porque, en frase favorita de Peña Nieto, “lo importante es dar resultados”.
