El empresario dedicado a la construcción y el petróleo ha sido citado a declaración indagatoria por extorsión
Una sombra negra planea sobre la Casa Rosada
La justicia de Argentina registró este jueves tres propiedades y 14 cajas fuertes en una oficina bancaria que pertenecen al empresario Lázaro Báez, amigo confeso del expresidente fallecido Néstor Kirchner (2003-2007), ambos oriundos de la provincia sureña de Santa Cruz. Báez, su hijo y su contable están siendo investigados por un fiscal por presunto lavado de dinero. Además, este empresario dedicado a la construcción y el petróleo ha sido citado a declaración indagatoria por extorsión contra un financista que lo acusó en una entrevista televisiva de fugar 55 millones de euros a paraísos fiscales. La requisa de parte de sus bienes se produjo 53 días después del inicio de la serie de denuncias que cada domingo viene vertiendo el periodista Jorge Lanata en un canal de televisión del grupo Clarín, enfrentado con el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.
Los registros fueron ordenados por un juez de Buenos Aires y ejecutados por la Gendarmería Nacional (policía de fronteras). Comenzaron el miércoles por la noche en una oficina del Banco Santa Cruz en la que Báez cuenta con 14 cajas de seguridad. Al día siguiente, volvieron a abrirlas. Además, el jueves los gendarmes ingresaron a un galpón de Austral Construcciones, la compañía de Báez donde el empresario guarda varios coches de lujo, y a dos fincas que tiene a 100 kilómetros de la capital de Santa Cruz, Río Gallegos. El juez también pidió información sobre Báez a Suiza y Panamá, adonde habría fugado dinero, y a Uruguay, donde además habría comprado propiedades.
En el popular programa de Lanata, un financista llamado Federico Elaskar y otro contable, Leonardo Fariña, contaron cómo ayudaron a Báez a retirar dinero de Argentina por vías ilícitas. Ambos se desdijeron en posteriores entrevistas periodísticas. Pero el fiscal del caso Báez también los investiga por lavado de dinero y serán los primeros de la causa en ser sometidos a declaración indagatoria este lunes. Además, el juez a cargo ordenó este jueves la inhibición de los bienes de ambos porque la unidad del Gobierno de lucha contra el lavado de dinero les ha detectado transferencias sospechosas de dinero entre bancos por 2,8 millones de euros.
