Colectivo social busca reunir 65 mil firmas y elevará propuesto ante el Congreso. Iglesia, Defensoría y dirección de la mujer adoptan distintas posiciiones sobre el tema.
Trujillo. El derecho de nacer. La directora del Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos (Promsex), Rossina Guerrero Vásquez, reveló ayer a La Industria que su organización ya inició la recolección de firmas a nivel nacional para conseguir la aprobación del proyecto de ley de su autoría ¬—el cual ya fue elaborado— que despenaliza el aborto en casos de abuso sexual a mujeres, incluyendo, a menores de edad.
“La violación es un crimen horrendo que afecta la vida de las mujeres, tanto en el aspecto físico como en el psicológico. Esta propuesta busca devolver la dignidad de las víctimas y que, quienes queden embarazadas luego de ser sometidas a un humillante ultraje, decidan si continúan o no con la concepción. Ya compramos el kit en la Onpe y ahora estamos abocados a reunir 65 mil firmas válidas. Esperamos que en setiembre se pueda ingresar la iniciativa en el Congreso, vía acción ciudadana”, refirió.
En la misma línea, dijo que hoy en día el artículo 120 del Código Penal Peruano sanciona a quienes se someten a este tipo específico de prácticas con una pena de tres meses de cárcel (no efectiva), además de obligarlas a enfrentar una demanda penal, proceso judicial, quedar estigmatizadas con antecedentes penales o pagar la condena con trabajos comunitarios.
“Este plan está avalado por los parlamentarios Verónica Mendoza, Javier Diez Canseco, Cecilia Tait, Zenaida Uribe y Rosa Mavila, quienes han mostrado su apoyo a la causa. Con la ley actual, las mujeres ultrajadas están obligadas a continuar con el embarazo del hijo del violador que llevan en sus vientres”, expresó, añadiendo que han formado alianzas con los grupos femeninos Manuela Ramos, Demus, Flora Tristán, Católicas por el Derecho a decidir Perú y Claem Perú.
Por último, Rossina Guerrero informó que Perú es el país con más denuncias de abuso sexual en Sudamérica y advirtió que el 80% de afectadas son víctimas de sus familiares cercanos como: primos, tíos, padres e, incluso, parejas. “El problema es que la gran mayoría no se atreve a denunciar por vergüenza y temor a ser rechazadas en la sociedad”, sentenció muy segura de que la propuesta del colectivo será promulgada.
